En el mundo del Derecho, la irretroactividad es un principio jurídico que se refiere a la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la misma. Es decir, se trata de impedir que las normas tengan efectos hacia atrás en el tiempo, así como asegura que tales efectos comiencen en el momento de su entrada en vigor, con la finalidad de dotar al ordenamiento jurídico de seguridad.
Cobra su mayor importancia en el ámbito del derecho penal, aunque también es reconocido por la Constitución de 1978 y tiene su sentido por cuanto las normas tienen una eficacia limitada espacial y temporalmente.
Tal principio pretende o sustenta estabilidad al ordenamiento jurídico, y, también, contribuye a establecer la seguridad jurídica, en tanto en cuanto un individuo puede y debe poder estar seguro de las consecuencias que los actos que realice en cada momento pueden acarrear. En otras palabras, permite que las personas puedan tener confianza en las leyes vigentes y celebren sus acuerdos y negocios en base a ellas, eliminando la incertidumbre que generaría una posible variación de la legislación respecto a hechos ya realizados y que ya no pueden ser cambiados o eliminados.
Así, la irretroactividad consiste en la imposibilidad de modificar las consecuencias jurídicas de los actos ya formalizados. Sin embargo, existen excepciones a este principio de irretroactividad, como puede ser la posibilidad de aplicar la retroactividad en los casos en los que la nueva norma sea más favorable para el interesado, ya que la Constitución Española sólo garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
