La jurisprudencia es un conjunto de decisiones y soluciones emitidas por los tribunales sobre una cuestión determinada de derecho.
LA RAE utiliza tres definiciones distintas para entender lo que significa la jurisprudencia:
- «Ciencia del derecho».
- «Conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen».
- «Criterio sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias concordes».
¿En qué consiste la jurisprudencia?
El Código Civil indica en el sexto apartado del artículo 1 que, la jurisprudencia no es una fuente directa del Derecho pero complementará el ordenamiento jurídico:
«La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.»
Por lo tanto, la jurisprudencia podría interpretarse como una fuente subsidiaria del derecho dedicada a completar el ordenamiento jurídico.
Se trata de la concordancia de varias sentencias de los órganos jurisdiccionales por las que se crea un criterio para solucionar problemas jurídicos similares.
Así, podemos llegar a la conclusión de que para crear jurisprudencia serán necesarias al menos dos sentencias con idéntico resultado.
En el apartado siguiente se explican las principales diferencias entre los conceptos de jurisprudencia y de doctrina jurídica.
¿Qué diferencia hay entre jurisprudencia y doctrina?
Se trata de conceptos relacionados, puesto que ambos tienen como finalidad cuidar que las leyes se interpreten de manera correcta. No obstante, son dos términos con un significado distinto.
Como se indicaba antes, la jurisprudencia son las decisiones que van formando un conjunto de soluciones que servirán como base para aplicarse a casos futuros similares. Por lo tanto, la jurisprudencia tiene carácter obligatorio y vinculante.
Por otro lado, la doctrina jurídica es el conjunto de opiniones que poseen los juristas en relación con diversos temas del derecho y de las correspondientes normas.
A pesar de que tiene una gran importancia para la elaboración y el progreso del derecho (para hacer reformas legislativas, por ejemplo), la doctrina no se impone por sí misma ni tiene carácter obligatorio. Por ello, el juez podrá acudir y acogerse a la doctrina de forma voluntaria en función de su propio criterio.
