Las costas judiciales, también denominadas costas procesales, corresponden con los gastos imprescindibles que se deben pagar durante un proceso judicial. A continuación, vemos exactamente cuáles son los gastos del proceso que comprenden las costas judiciales y quién debe ser el responsable de pagarlas.
La cancelación de antecedentes penales consiste en la posibilidad de suprimir los antecedentes penales una vez haya transcurrido un determinado periodo de tiempo sin cometer ningún otro delito después de la fecha en la que se termina de cumplir con la pena.
El robo con fuerza es un delito que consiste en dañar algún objeto material para apropiarse de algo que no le pertenece.
El apoderamiento apud acta es el poder que permite otorgar a un procurador la autoridad suficiente para que represente a una persona en un procedimiento judicial.
La legítima, en derecho de sucesiones, es un concepto jurídico que hay que tener muy en cuenta a la hora de realizar un testamento o de recibir una herencia.
La rebeldía procesal es la situación que se genera en un proceso penal cuando el demandado no comparece ante el Juez en la fecha señalada.
La incapacidad permanente es la situación en la que se encuentra un trabajador que está inhabilitado para volver a realizar una actividad laboral debido a una enfermedad o a una lesión grave y, por ello, tendrá derecho a recibir una pensión.
La razón social es el nombre o denominación oficial de una empresa, es decir, es la forma de nombrar a la persona jurídica y que permite identificarla de manera inequívoca. Este nombre se emplea para usos formales, jurídicos y administrativos y no tiene por qué coincidir con el nombre comercial de la misma o con las marcas que comercializa.
El derecho de retracto es una figura jurídica regulada por el Código Civil. Se refiere al derecho de una persona de quedarse con la cosa que una segunda persona ha vendido a un tercero, a cambio del mismo precio que hubiere pagado éste.
El testamento ológrafo es aquel que se redacta a mano y está firmado por el propio testador. El Código Civil exige la mayoría de edad para otorgarlo, algo que supone una excepción respecto a la norma general, ya que la libertad de testar comienza a los 14 años.