La presunción de inocencia es un derecho fundamental que garantiza a toda persona, contra la que se haya dirigido un proceso, ser inocente hasta que no se declare lo contrario mediante una sentencia judicial firme.
¿Cómo se define la presunción de inocencia?
El diccionario del español jurídico define a la presunción de inocencia como derecho de toda persona acusada de alguna infracción penal a no sufrir una condena salvo que la culpabilidad haya quedado establecida en una sentencia firme tras un juicio justo.
¿Qué es el estado de inocencia?
Estado de inocencia es el término que se utiliza para señalar que el investigado gozará de la misma situación jurídica que cualquier persona inocente. No obstante, es importante señalar que la presunción de inocencia es de carácter iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario.
¿Dónde se regula la presunción de inocencia?
La presunción de inocencia aparece regulada en la Constitución Española, Título I (De los derechos y deberes fundamentales), Capítulo II (Derechos y libertades), Sección 1ª (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas):
Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
¿Se reconoce la presunción de inocencia a nivel europeo?
En la Unión Europea, la presunción de inocencia también es un derecho que recae sobre todos los individuos. Así se consagra en siguiente artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos:
Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida.
Artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
¿Cómo se garantiza la presunción de inocencia en el proceso penal?
A tenor del Derecho Procesal Penal, toda persona que se vea inmersa en una trama judicial, será amparada por el siguiente precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es con este artículo con el que se salvaguarda la presunción de inocencia:
En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.
Artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Por otro lado, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal también se hace un guiño a la misma presunción:
Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía Judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales.
Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio.
En todo caso, los funcionarios de Policía Judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la ley no autorice.
¿Cómo se vulnera la presunción de inocencia?
La presunción de inocencia se vulnera cuando una persona que es acusada de haber cometido una infracción o un hecho ilícito, se la trata como culpable, sin haber probado la veracidad de la acusación.
Esta cuestión es una de las razones por las que desde la jurisprudencia se acordó cambiar la nomenclatura de “acusado” o “imputado” por el nuevo término de “investigado”. Así, el ojo público tenderá a no tratar como culpable a alguien que todavía no ha sido juzgado.
