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¿Es delito la prostitución?

Prostitución es delito

El delito de prostitución no está específicamente tipificado en el Código Penal español. En su lugar, hay disposiciones legales que abordan aspectos relacionados con la explotación sexual y otros delitos que pueden estar vinculados a la prostitución.

Como resultado, hay una situación de laguna legal en la que la prostitución no se considera ni legal ni ilegal de manera explícita. Su ejercicio libre no está penado en todo el territorio español, pero existen sanciones administrativas, según lo establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Además, los municipios tienen la competencia para regular la prostitución en sus calles, a través de sus propias ordenanzas.

Breve contexto histórico de la prostitución en España

En los siglos XIX y principios del XX, la prostitución era considerada “legal” en España. En ese período se implementaron regulaciones como la Ley de Profilaxis Pública de Enfermedades Evitables, que buscaba impedir la propagación de enfermedades venéreas.

Esta tendencia cambió en 1954 con la Ley de Vagos y Maleantes, promulgada por el gobierno franquista, que estableció penas de prisión para las personas que se dedicaban a la prostitución. La consideraba inmoral y perjudicial para la sociedad.

El régimen franquista se tornó aún más severo con la promulgación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social en 1970. Esta implementó medidas de internamiento y rehabilitación para las prostitutas.

Tras la muerte de Franco, se promulgó el actual Código Penal de España, en 1995, el cual eliminó la regulación relacionada con la prostitución “legítima” (sin trata de personas ni proxenetismo). Esto creó un marco legal que sitúa a quienes ejercen la prostitución en un limbo legal, lo que ha llevado a debates sobre su prohibición, abolicionismo o legalización.

Delitos asociados a la prostitución

El Código Penal español contempla básicamente tres delitos asociados a la prostitución. Son los siguientes:

  • Proxenetismo. El artículo 187 del Código Penal establece que el proxenetismo es un delito. Los proxenetas son individuos que obtienen beneficios, ya sean económicos u otros, a través de la prostitución de otra persona. Este delito se castiga con penas de prisión que van de 2 a 5 años y multas de 12 a 24 meses.
  • Trata de seres humanos. El artículo 177 bis del Código Penal establece que cualquier individuo que capte, transporte, acoja o reciba a una persona, utilizando la violencia, la intimidación o el engaño, o abusando de la vulnerabilidad de la víctima, es culpable de trata de seres humanos. También se considera delito el intercambio o transferencia de control sobre una persona con fines de explotación. Los condenados por este delito se enfrentan a penas de prisión de 5 a 8 años.
  • Contratación de servicios sexuales con menores de edad. Está tipificado en el artículo 188.4 del Código Penal. Según este artículo, cualquier persona que solicite, acepte u obtenga una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, a cambio de una remuneración o promesa, será castigada con penas de prisión que van de 1 a 4 años. Si la víctima no ha cumplido los 16 años, la pena aumentará de 2 a 6 años. La ley establece que el consentimiento de la víctima es irrelevante en este caso.

Otras disposiciones

Como hemos visto al principio, existe otra referencia legal que regula la prostitución en España, conocida como la “Ley Mordaza” o Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana. Aunque se encuentra en proceso de revisión, actualmente sigue en vigor y regula la prostitución en ciertos contextos.

Específicamente, en su artículo 36, párrafo 11, establece que solicitar o aceptar servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público cerca de lugares destinados a menores, o cuando estas conductas puedan representar un riesgo para la seguridad vial, se considera una infracción grave y se sanciona con multas que van desde 601 hasta 30.000 euros.

El Código Penal Español también establece disposiciones específicas para combatir los delitos relacionados con la pornografía infantil y la explotación de personas vulnerables.

La prostitución desde el punto de vista tributario

El ámbito de la prostitución, desde una perspectiva tributaria, plantea una serie de desafíos y consideraciones importantes.

  • En cuanto a la seguridad social, cuando se ejerce la prostitución como empresario o empresaria individual, es necesario cotizar. Se debe elegir entre la base mínima y máxima establecida anualmente.
  • Los servicios sexuales están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ya que se consideran entregas de bienes y prestaciones de servicios. Por lo tanto, están gravados al tipo general del 21%.
  • En el caso de que los servicios sexuales se presten por cuenta ajena, deben declararse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como rendimientos del trabajo personal. Si se ejercen como empresario o empresaria individual, los ingresos estarán sujetos a impuestos como rentas derivadas de actividades económicas.
  • Desde una perspectiva civil, la prostitución se considera una actividad ilícita, y los actos y pactos relacionados con ella se declaran nulos de pleno derecho. Esto se basa en normativas del Código Civil.
  • En cuanto a las sanciones tributarias, la ganancia patrimonial no justificada derivada de la prostitución se considera una infracción tributaria muy grave, con una multa del 150% de la base de la sanción. Sin embargo, esta sanción está actualmente en controversia y pendiente de resolución por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La perspectiva europea

El 14 de septiembre de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una resolución titulada “Regulación de la prostitución en la Unión: repercusiones transfronterizas y consecuencias en la igualdad de género y los derechos de las mujeres”.

El Parlamento rechazó el llamado “modelo nórdico” que criminaliza la compra de sexo. Esto se debe a que se ha demostrado que la penalización estas conductas socava los derechos de las personas que ejercen la prostitución.

En Francia, por ejemplo, la criminalización de los clientes en 2016 llevó a que las trabajadoras sexuales se vieran obligadas a realizar sus actividades en lugares más peligrosos. La consecuencia fue el asesinato de diez trabajadoras sexuales en un período de seis meses en 2019.

La tendencia social implica un cambio hacia enfoques más respetuosos de los derechos humanos en relación con la prostitución. Demuestra que muchas personas en toda la UE creen que se deben proteger los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual y no convertirlos en objeto de criminalización.